ERC hace 100 preguntas al Gobierno español sobre los gastos del Rey y pide que sean públicos

ERC hace 100 preguntas al Gobierno español sobre los gastos del Rey y pide que sean públicos (EFE)

(España)

El grupo de ERC en el Congreso registró hoy una serie de cien preguntas al Gobierno sobre la Casa del Rey, en su mayoría relativas a las finanzas de Don Juan Carlos y al uso que hace de los fondos públicos que recibe, acompañadas de una proposición para que el Gobierno detalle este extremo al Parlamento.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardá, presentó en rueda de prensa estas iniciativas, que justificó en la necesidad de abrir un debate "rico e intenso" sobre lo que describió como "uno de los grandes agujeros negros" del sistema democrático, que a su juicio es "el agujero negro del funcionamiento de la Casa del Rey".

La proposición no de ley, para su debate en el pleno de la Cámara, insta al Gobierno a presentar al Congreso, en el primer trimestre de cada año, "la liquidación presupuestaria pormenorizada del ejercicio anterior relativa a la Jefatura del Estado y Casa Real", así como a las partidas de los ministerios precisas para el "buen funcionamiento" y mantenimiento de la Casa del Rey.

El dirigente de ERC recordó que hay países europeos monárquicos, como el Reino Unido, donde ya se ha avanzado en alguna de estas cuestiones, como en el pago de algunos impuestos por parte de los miembros de la Corona británica.

Tardá admitió que su grupo ha decidido fechar sus propuestas coincidiendo con la celebración del aniversario de la proclamación de la II República, que tendrá lugar mañana, 14 de abril. También reconoció que algunas de sus preguntas pueden incluso ser "absurdas", pero las justificó como una manera de superar la "ignorancia y la opacidad" en torno a todo lo que rodea a la gestión de los presupuestos asignados al Rey.

Varias de las cuestiones que ERC ha registrado pretenden aclarar si el Príncipe Felipe y los miembros de la Familia Real perciben algún "sueldo". También pregunta por el destino de las donaciones que recibe el jefe del Estado, la forma de sufragar "los gastos de los yates de la Familia Real" y el grado de conocimiento que tiene el Gobierno sobre los acompañantes del Rey en sus viajes oficiales.

El diputado de ERC confió en que estas preguntas no sean rechazadas por la Mesa del Congreso, como ocurrió en su día con otras relativas a la supuesta participación del Rey en una cacería de osos en Rumanía. La proposición no de ley está precedida de una exposición de motivos de cuatro páginas donde se dice que "la madurez de la sociedad democrática en el Estado español no debería estar sometida a la confusión, cuando no a la ignorancia".

ERC recuerda que el presupuesto aprobado por el Parlamento para la Jefatura del Estado asciende a 8.289.970 euros, además de 5.823.190 para apoyo a la gestión administrativa.

(fuente: clic aquí)

- Las 100 preguntas.

1. ¿Conoce el Gobierno los bienes o activos financieros adquiridos por Juan Carlos de Borbón con la partida presupuestaria para su sostenimiento y el de su Casa y Familia?

2. ¿Cree el gobierno español necesario conocer los bienes o bienes o activos
financieros adquiridos por Juan Carlos de Borbón con la partida presupuestaria para su sostenimiento y el de su Casa y Familia?

3. ¿En función de qué criterios se asigna la cantidad presupuestaria de la Familia Real en los Presupuestos Generales del Estado?

4. ¿Cree el gobierno español que si la Jefatura de Estado no la ostentara un Rey la cantidad asignada sería la que recibe actualmente?

5. ¿Cree el gobierno que la partida presupuestaria que recibe el Jefe de Estado es proporcional, en relación al cargo y la responsabilidad, al sueldo que recibe el Presidente del gobierno?

6. ¿Por qué el Jefe de Estado recibe una asignación de más de 8 millones de euros anuales por los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Presidente del gobierno “sólo” recibe menos de 90.000 euros?

7. ¿En función de qué criterios aumenta anualmente la cantidad asignada
presupuestariamente a la Jefatura de Estado?

8. ¿Por qué ha ascendido la cantidad presupuestaria de la Jefatura de Estado en la presente Legislatura?

9. ¿El actual gobierno ha ascendido la cantidad presupuestaria de la Jefatura de
Estado porque consideraba que los más de 7’5 millones de euros asignados no eran suficientes para que el Rey sostuviera su Familia y Casa como marca la Constitución Española?

10. ¿Los ascensos presupuestarios de la Jefatura de Estado están en consonancia con las subidas salariales pactadas en los últimos 30 años por los sindicatos?

11. ¿Cree el gobierno español que la partida presupuestaria de la Jefatura de Estado es una partida ajustada a los gastos anuales que tiene la Familia Real?

12. Al margen de las cantidades asignadas al Rey, su Casa y su Familia, para su mantenimiento y el desarrollo de sus labores, establecidas en las partidas (Jefatura de Estado y Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura de Estado respectivamente), ¿hay otras partidas asignadas al Rey, su Casa y su Familia?

13. ¿Por qué razón no son públicos los sueldos de los miembros de la Casa real?

14. ¿Tiene asignado un sueldo Cristina de Borbón? En caso afirmativo, ¿A cuánto asciende? En caso negativo, ¿entonces las actividades que realiza en función de ser Infanta de España son altruistas?

15. ¿Tiene asignado un sueldo Elena de Borbón? En caso afirmativo, ¿A cuánto
asciende? En caso negativo, ¿entonces las actividades que realiza en función de ser Infanta de España son altruistas?

16. ¿A cuánto asciende el sueldo de Felipe de Borbón?

17. ¿Qué miembros de la Casa Real reciben un sueldo derivado de los Presupuestos Generales del Estado?

18. ¿Considera el gobierno español que sería positivo hacer públicos los sueldos de los miembros de la Casa Real? ¿Por qué?

19. ¿Cuántos miembros de la Familia Real, al margen de los Presupuestos Generales del Estado, cobran un sueldo?

20. ¿Algún miembro de la Familia Real cobra algún tipo de sueldo o dieta por
pertenecer a algún tipo de Patronato, Fundación, etc…?

21. ¿Hay alguna transparencia en los ingresos y gastos presupuestarios de la Familia Real?

22. ¿Quién conoce cómo se gasta el dinero asignado presupuestariamente por ley a la Jefatura de Estado?

23. ¿Recibe el Gobierno alguna información a manera de liquidación presupuestaria del ejercicio presupuestario del año anterior relativo a la Casa Real?

24. ¿Qué tipo de declaración de Hacienda realizan los miembros de la Casa Real?

25. ¿Ha realizado el gobierno español algún estudio comparativo de aquellos países monárquicos donde la Corona paga tributos para analizar los mecanismos de implantar dicha medida en el Estado español?

26. ¿Cree el gobierno que sería un buen ejemplo pedagógico que la Familia Real pagara impuestos para demostrar a la ciudadanía que ante la ley y el fisco somos todos iguales?

27. ¿Considera necesario el Gobierno que los miembros de la Casa Real tengan la obligación de declarar y registrar las actividades, los bienes y los derechos patrimoniales?

28. ¿Cuánto ingresaría anualmente el Ministerio de Hacienda si la Familia Real entera pagara tributos?

29. ¿Considera el Gobierno que sería adecuado hacer una auditoría a las cuentas de la Casa Real antes de aplicar un nuevo régimen presidido por la transparencia y la información pública sobre sus gastos?

30. Si existe alguna razón de Estado por la cual los sueldos de la Familia Real, sus bienes y/o cómo gastan su dinero no sean públicos, ¿por qué el Gobierno español no informa ante la comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados?

31. ¿Cree el gobierno español que en un sistema democrático como el actual es de recibo que los representantes de la soberanía popular deban pronunciarse cada año al aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado sobre la cantidad a asignar a la Jefatura de Estado sin saber en qué se gasta ese dinero?

32. ¿Cree el gobierno español que los Diputados y Diputadas, representantes de la soberanía popular, deberían conocer a qué se destinan concretamente las partidas presupuestarias antes de votarlas? ¿Por qué?

33. ¿Qué tipo de donaciones y en razón de qué criterios una donación a Juan Carlos de Borbón pasa a formar parte del Patrimonio Nacional o de su patrimonio particular?

34. ¿Qué donaciones ha recibido Juan Carlos de Borbón a lo largo de sus años de reinado que hallan pasado a formar parte del Patrimonio Nacional?

35. ¿Existe un registro de las donaciones que recibe la Familia Real?

36. ¿Los miembros de la Familia Real tienen obligación de informar de las donaciones que reciben en visitas oficiales?

37. ¿De qué partida presupuestaria son sufragados los gastos de la Familia Real en los viajes oficiales?

38. ¿De qué partida presupuestaria son sufragados los gastos de las personas que acompañan a la Familia Real, para su servicio y protección, en los viajes oficiales?

39. ¿Los viajes oficiales de la Familia Real suponen gastos para las embajadas
españolas de los países que visitan?

40. ¿Qué gastos han tenido las embajadas españolas en los últimos cinco años
derivadas de visitas oficiales o privadas de la Familia Real?

41. ¿Con qué partidas presupuestarias son sufragados los gastos de los yates de la Familia Real?

42. ¿A cuánto asciende la aportación pública al mantenimiento de los yates de la Familia Real?

43. ¿Con qué partidas presupuestarias son sufragados los gastos del parque móvil de la Familia Real?

44. ¿Cuántos funcionarios hay adscritos a la Casa/Familia Real? Detallar por áreas de responsabilidad y Ministerio responsable?

45. ¿Con qué partidas presupuestarias son sufragados los gastos de los funcionarios adscritos a la Casa/Familia Real?

46. ¿Qué cantidad de dinero es la destinada al conjunto de funcionarios adscritos a la Casa/Familia Real?

47. ¿Cuántas personas de las que prestan sus servicios en la Casa Real son pagadas directamente de la partida presupuestaria destinada a la Jefatura de Estado?

48. ¿Conoce el Gobierno si las compañías que prestan servicio en la Casa Real, tales como electricidad, gas, teléfono cobran a la Casa Real?

49. ¿Conoce el Gobierno si la Casa Real recibe trato de favor de parte de aquellas firmas que publicitan con su consentimiento que son proveedoras de la Casa Real?

50. ¿Tiene el gobierno conocimiento de los beneficios económicos que las marcas comerciales pudieran otorgar a la Casa Real?

51. ¿Cree el gobierno que es importante que el gobierno y el Parlamento -quienes fijan la cantidad asignada a la Casa Real- sepan si el Jefe de Estado tiene beneficios económicos en sus compras?

52. ¿Cuál es el Patrimonio Nacional a disposición del disfrute de la Familia Real?

53. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento del Patrimonio Nacional a disposición del disfrute de la Familia Real?

54. ¿Cuánto cuesta el personal encargado del mantenimiento del Patrimonio Nacional a disposición de la Familia Real?

55. ¿Tiene conocimiento el gobierno español de todos los ingresos monetarios que recibe la Familia Real, al margen de aquellos asignados por los Presupuestos Generales del Estado?

56. ¿Cree el gobierno español que debe conocer los ingresos monetarios que recibe la Familia Real, al margen de aquellos asignados por los Presupuestos Generales? ¿Por qué?

57. ¿Conoce el gobierno español a cuánto asciende la fortuna personal del Jefe de Estado?

58. ¿Cree el gobierno español que debe conocer a cuánto asciende la fortuna personal del Jefe de Estado? ¿Por qué?

59. ¿La Familia Real paga por el mantenimiento de los títulos nobiliarios asociados a ella?

60. ¿De cuántas residencias dispone la Familia Real para su uso y disfrute?

61. ¿Cuáles son las residencias de que dispone la Familia Real para su uso y disfrute?

62. ¿La Familia Real paga por los servicios sanitarios que recibe?

63. ¿La Familia Real paga por los servicios educativos que recibe?

64. ¿Qué actividades de la Casa o Familia Real son cubiertas por el Programa de los Presupuestos Generales del Estado 911Q de Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura de Estado?

65. ¿Qué gastos incluye el Programa de los Presupuestos Generales del Estado de Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura de Estado?

66. ¿Cree el Gobierno negativo para el desarrollo democrático que las actividades lúdicas del Jefe de Estado puedan ser asociadas a la publicidad de objetos mercantiles?

67. ¿Considera el Gobierno la necesidad de reglamentar un protocolo para evitar que las actividades lúdicas del Jefe de Estado puedan ser asociadas a la publicidad de objetos mercantiles?

68. ¿Cree el Gobierno que debería existir un régimen de incompatibilidades para los miembros de la Casa Real entre sus actividades públicas de carácter representativo y las privadas?

69. ¿Controla el gobierno las actividades que con motivo de viajes privados realiza el Jefe de Estado en otros países?

70. ¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre las actividades previstas en viajes privados a otros países?

71. ¿El Jefe de Estado informa al gobierno sobre las actividades realizadas en viajes privados a otros países?

72. ¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre sus posibles entrevistas a nivel privado con personalidades de otros países?

73. ¿El Jefe de Estado informa al gobierno sobre las entrevistas realizadas a nivel privado con personalidades de otros países?

74. ¿El Jefe de Estado tiene alguna asistencia de miembros elegidos por el gobierno en sus entrevistas privadas con mandatarios de otros países?

75. ¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre sus posibles entrevistas o
comunicaciones con cargos militares?

76. ¿El gobierno está informado de todas las entrevistas o comunicaciones del Jefe de Estado con responsables militares?

77. ¿El Jefe de Estado consulta al gobierno sobre las personas que lo acompañarán en sus viajes públicos o privados?

78. ¿Quién decide las personas que acompañarán al Jefe de Estado en sus viajes oficiales?

79. ¿El gobierno español está informado de las gestiones realizadas por los
acompañantes del Jefe de Estado en sus viajes públicos o privados?

80. ¿El gobierno español tiene control de todo aquello que importa o exporta la Familia Real o acompañantes en sus viajes y calificados como valija diplomática?

81. ¿En qué ámbitos empresariales se sitúan los acompañantes del Jefe de Estado de los viajes realizados en los últimos tres años?

82. ¿El Jefe del Estado puede decidir per se quienes le acompañan en viajes oficiales sin someterlo a consulta del Gobierno?

83. ¿El Jefe de Estado se ha acompañado en sus viajes de los últimos tres años de personas con intereses comerciales en ámbitos armamentísticos?

84. Más allá del Jefe de Estado ¿qué otros miembros de la Familia Real realizan
gestiones diplomáticas en otros países?

85. ¿Qué acciones ha realizado el Jefe de Estado en los últimos tres años de difusión de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca?

86. ¿Qué acciones ha realizado el Jefe de Estado en los últimos tres años de
protección de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca?

87. ¿Cree el gobierno necesario instar al Rey a aprender las lenguas cooficiales a fin y efecto de fomentar la pedagogía de la tolerancia lingüística y del plurilingüismo como fenómeno catalizador para una sociedad plural?

88. ¿Cree el gobierno necesario instar al Príncipe de Asturias a aprender las lenguas cooficiales a fin y efecto de fomentar la pedagogía de la tolerancia lingüística y del plurilingüismo como fenómeno catalizador para una sociedad plural?

89. ¿Considera necesario el Gobierno que la página web de la Casa Real se edite también en las otras lenguas cooficiales?

90. ¿Qué opinión tiene el gobierno respecto a que la página web de la Casa Real se edite en una lengua extranjera y no en las “lenguas españolas” cooficiales en diversos territorios?

91. ¿Tiene previsto el Gobierno disponer de los medios necesarios para que el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, alcance el dominio estándar de las lenguas catalana, euskara y gallega?

92. ¿Tiene previsto el Gobierno disponer de los medios necesarios para que el Jefe de Estado alcance el dominio estándar de las lenguas catalana, euskara y gallega?

93. Ante la crisis de valoración popular del sistema educativo ¿cree el gobierno que podría ser una buena medida para dar mayor prestigio al sistema educativo público que los miembros de la Familia Real estudien en él?

94. Ante la crisis de valoración popular del sistema sanitario ¿cree el gobierno que podría ser una buena medida para dar mayor prestigio al sistema sanitario público que los miembros de la Familia Real sean atendidos en él?

95. ¿Considera el gobierno ejemplar que los miembros de la Familia Real disfruten de privilegios que la legislación española no permite como la conservación de células madre del cordón umbilical de los recién nacidos?

96. ¿El gobierno español se ha comunicado con la Familia Real para contrastar la opinión respecto al hecho de conservar células madre de cordón umbilical de los recién nacidos, que la legislación española todavía no reconoce?

97. ¿Cuántas veces ha ejercido el Rey el derecho de gracia que le concede la
Constitución Española?

98. ¿Quiénes han sido los beneficiarios del derecho de gracia concedido por el Rey?

99. ¿Qué tipos de delitos habían cometido las personas beneficiadas por el derecho de gracia ejercido por el Rey?

100. ¿Quién decide los períodos vacacionales del Jefe de Estado?

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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado acusa al Gobierno de violación flagrante del derecho de asilo de nueve tripulantes del Marine I

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado acusa al Gobierno de violación flagrante del derecho de asilo de nueve tripulantes del Marine I (mercuriopress, agencias):

(España)

Acnur amparaba su asilo en España pero han sido repatriados a Sri Lanka. Son nueve celiandeses que estaban en un centro canario, tras viajar en el barco de inmigrantes que pasó nueve meses en alta mar y una semana frente a Mauritania.

En los últimos días, más de 40.000 personas han huido de sus casas y se han visto obligadas a desplazarse en Sri Lanka a causa del conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con el grupo armado de los Tigres Tamil. Este país asiático vivió el año pasado, según ONG como Médicos sin Fronteras, una de las diez crisis olvidadas más importantes del planeta.

Huyendo de esta inseguridad, nueve ceilandeses se embarcaron en el Marine I rumbo a algún lugar europeo. A principios de marzo, junto a otras 360 personas, quedaban a la deriva mientras los gobiernos de sus respectivos países, Mauritania y España -que hasta este caso siempre había seguido las indicaciones del Acnur en materia de asilo- se desentendían de su situación. Finalmente, se decidió que desembarcaran en el país africano y se identificaran sus identidades para los trámites administrativos.

Los nueve ceilandeses fueron llevados al Centro de Internamiento de Barranco Seco, en Gran Canaria, porque desde el principio se consideró que su vida corría peligro si regresaban a su país. Pero a pesar de su situación y de los informes favorables emitidos por Acnur para admitir su solicitud de asilo, el domingo 25 de marzo un vuelo chárter con destino Sri Lanka los devolvió a su país.

Los hechos son “gravísimos” porque durante todo el proceso “se ha obstaculizado la acción de la justicia”, según Cear
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), este caso viola de manera “flagrante” el derecho de asilo y los hechos son “gravísimos” porque durante todo el proceso “se ha obstaculizado la acción de la justicia y se ha ocultado información”.

Según Cear, “hasta ahora” la actual administración había seguido los criterios del Acnur sobre el derecho a asilo y refugio, pero en el caso de las nueve personas de Sri Lanka “no se ha respetado”. El 22 de marzo, explica Cear, el Ministerio de Interior desestimó la solicitud de asilo pero la resolución “no se notificó hasta dos días después, el sábado 24 de marzo”, lo que la ONG considera “un retraso premeditado, puesto que en fin de semana no funciona el órgano de justicia competente para evitar una más que probable paralización judicial de la expulsión”.

El domingo 25 de marzo, al saber que los nueve ceilandeses habían sido trasladados de Canarias a Madrid, Cear presentó un recurso contra su expulsión, pero “no se pudo llevar a cabo ninguna actuación porque, según manifestó el funcionario responsable de la comisaría del aeropuerto, no constaba ni la existencia de estas personas ni su posible expulsión”. Ese mismo día, sin embargo, un avión salió rumbo a Sri Lanka con las nueve personas a bordo.

- 95% de solicitudes de asilo denegadas.

El Gobierno de Sri Lanka y los grupos Tamil firmaron los acuerdos de paz hace siete años, tras 25 años de una guerra civil que supuso la muerte de 100.000 personas. Pero en los últimos años la inestabilidad y la violencia han seguido siendo protagonistas en el país. Hace tan sólo unos días, Acnur hablaba de 40.000 nuevos desplazados internos y Human Rights Watch volvía a alertar del reclutamiento de niños para convertirlos en soldado.

En este contexto, en el caso de los nueve ceilandeses deportados Cear ya ha afirmado que seguirá adelante con los recursos judiciales y que pedirá que las nueve personas sean localizadas y devueltas a España para garantizar su derecho a asilo.

Según datos de Cear, el número de demandas de asilo que llegan a España es mucho menor que las que llegan a otros países europeos. En 2005, por ejemplo, un total de 5.254 personas solicitaron el estatuto de refugiado en el Estado español, frente a las 50.050 y las 28.910 que lo hicieron en Francia y Reino Unido, respectivamente.

“El Gobierno español deniega cada año en torno al 95% de las solicitudes de asilo que recibe”, advierte la organización.

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El diputado del PP Calomarde publica un artículo en El País

El diputado del PP Calomarde publica un artículo en El País (elplural.com)

(España)

Llama a la moderación en su partido.

Después de que la dirección nacional del Partido Popular ratificara la decisión de Mariano Rajoy de boicotear al grupo PRISA, uno de sus diputados se sumaba a las voces disidentes que cuestionan la medida. El diputado popular por Valencia Joaquín Calomarde publicó ayer en El País un artículo de opinión reclamando un PP democrático y moderno.
Las voces discrepantes dentro del PP a la hora de secundar el boicot del PP al grupo PRISA están siendo protagonizadas especialmente por dirigentes regionales preocupados ante la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Ayer, el diputado Joaquín Calomarde, colaborador habitual de elplural.com, evidenció el malestar dentro del seno popular por esta medida y se saltó el veto publicando un artículo de opinión en el diario El País.

- El PP necesario.

El artículo El Partido Popular necesario es una declaración sobre las posturas más moderadas y de centro-derecha que reclaman algunos miembros de la formación. Calomarde justifica su decisión de no someterse a la disciplina de partido al exponer su oponión: “lo hago sin someterme ni sentirme ligado a mandato imperativo alguno. Elegido, ciertamente, en una lista electoral cerrada, ello no es óbice para que un diputado del Congreso represente justamente al pueblo español en su conjunto y sólo a él debe su labor, sus aciertos y sus errores”.

- Riesgo de desprestigiar la democracia.

Calomarde reclama “un centro-derecha moderno; un Partido Popular centrado, moderado, libre de complejos del pasado…” advirtiendo del peligro de intentar derrotar al Gobierno “aun pagando el impagable precio de desprestigiar siquiera subrepticiamente la excelencia del sistema institucional de la democracia española”. Afirma el diputado sobre este último riesgo que “hay una tendencia clara en sectores del PP hacia ese modo de hacer, o mejor, deshacer la política democrática”.

- Aviso de la Ejecutiva.

Sólo un día antes de la publicación de este artículo, el martes y según publica El País, el Comité Ejecutivo del PP ratificó la decisión de su líder Mariano Rajoy de no acudir a ningún medio de PRISA. La información apunta que de la reunión "estuvieron ausentes dirigentes relevantes como Josep Piqué o Alberto Ruiz-Gallardón".

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Díaz de Mera solicita ayuda a policías de confianza para salvar su acusación sin pruebas

Díaz de Mera solicita ayuda a policías de confianza para salvar su acusación sin pruebas (Ernesto Ekaizer)

(España)

La teoría de la conspiración se enfrenta a la justicia.

Rajoy pide al ex director de la Policía que colabore con el juez y el PSOE reclama que deje su escaño de eurodiputado.

El ex director general de la Policía y actual eurodiputado popular, Agustín Díaz de Mera, mantuvo conversaciones con varios policías, miembros de la cúpula policial durante el mandato del PP, la noche del pasado miércoles 28 de marzo, tras ser multado y amenazado con un delito de desobediencia por el tribunal del 11-M durante su declaración en el juicio por los atentados de Madrid. Las fuentes policiales consultadas señalaron a EL PAÍS que Díaz de Mera solicitó apoyo para aportar al tribunal el nombre de algún funcionario con el que presuntamente salvar su acusación sin pruebas de que existe un supuesto informe policial en el que se vincula a ETA con el 11-M, que habría sido ocultado al juez instructor, Juan del Olmo. Dichos policías dijeron a Díaz de Mera que en las conversaciones que mantuvieron con él jamás habían afirmado que el contenido del informe avalara la participación de ETA en el 11-M. El eurodiputado del PP llamó por teléfono, antes de regresar a Bruselas, a varios altos cargos policiales para confiarles que se encontraba en una situación difícil a raíz de haberse negado a revelar el nombre de su presunta fuente durante su declaración de ese día. También les transmitió el malestar del presidente del PP, Mariano Rajoy, por lo sucedido.

El ex director general pedía ayuda para ver si podía dar el nombre de algunos de sus interlocutores a fin de salir de la encrucijada. Los antiguos altos cargos, con quienes Díaz de Mera había intercambiado puntos de vista antes de acudir a declarar en el juicio del 11-M, le replicaron que ellos nunca le habían proporcionado una información sobre el presunto documento en el sentido que él había puesto de relieve ante los medios de comunicación afines al PP el pasado mes de septiembre.

En efecto, el sábado 9 de septiembre de 2006, Díaz de Mera declaró a la cadena Cope que existía un informe en el que se hablaba de conexiones entre ETA y los islamistas en relación con el 11-M. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, preguntado sobre el asunto, señaló que dicho informe no existía.

El montaje que abanderó Díaz de Mera comenzó, según las fuentes consultadas, en diciembre de 2005. En aquel momento, la Unidad Central de Inteligencia (UCI), a cargo del comisario Domingo Pérez Castaño, elaboraba un informe sobre las relaciones entre ETA e islamistas. Dos funcionarios -un hombre y una mujer- eran los encargados de redactar el documento. Mientras se trabajaba en el mismo, Pérez Castaño fue relevado de la UCI por el comisario general de Información, Telesforo Rubio. A partir de esas fechas, mientras los oficiales trabajaban en el informe, Pérez Castaño, según fuentes policiales, comenzó a difundir rumores sobre un cambio de orientación o enfoque en el informe original.

Estos rumores llegaron a Díaz de Mera, quien entendió que podían ser favorables para el PP. El informe final fue enviado al juez Juan del Olmo en febrero de 2006 y en él se relataban los contactos entre presos etarras e islamistas, sin hallar ninguna vinculación entre ETA y los autores del 11-M que permitiera sostener la participación de la banda terrorista.

Díaz de Mera denunció los hechos en los medios de comunicación afines al PP en septiembre de 2006 y siguió investigando más sobre el citado informe a través de contactos con policías que habían trabajado bajo su mando. Sin pruebas, afirmó que, si el único informe en poder del juez era aquel en el que sólo se hablaba de relaciones en la cárcel, ello quería decir que había habido una manipulación, que en ese caso el original había sido triturado. En sus conversaciones telefónicas del miércoles pasado y ayer, jueves, por la mañana, ya desde Bruselas, Díaz de Mera se mostró desconcertado por la nueva situación. Un colaborador del eurodiputado, con el que contactó ayer este periódico, aseguró que Díaz de Mera no iba a contestar a ningún medio.

Ninguno de los policías con los que ha contactado EL PAÍS ha admitido haber hablado con él en el pasado de un presunto informe desaparecido ni están dispuestos a que se use su nombre para sostener la vinculación de ETA con el 11-M. En todo caso, los autores del informe podrían dar testimonio en el juicio para aclarar la cuestión.

A Mariano Rajoy la negativa del eurodiputado a facilitar información al tribunal del 11-M no le ha gustado. Ayer declaró: "Todos los ciudadanos deben colaborar con la justicia, atender los requerimientos y acatar las resoluciones de los jueces, porque esas son las reglas de la democracia", informa Ezequiel Moltó. Rajoy expresó su respeto a la decisión del tribunal que acusa a Díaz de Mera de desobediencia. Sobre la intención del ex director de la Policía de mantener en secreto su fuente, reiteró que debe "atender a los requerimientos del tribunal y colaborar con la justicia".

El PSOE exigió ayer que el eurodiputado del PP deje su escaño, informa Anabel Díez. La portavoz adjunta de los eurodiputados españoles y responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, señaló: "Un eurodiputado no puede mentir, no puede obstruir la labor de la justicia". Valenciano se mostró segura de que Díaz de Mera no puede entregar ese informe "porque ningún funcionario escribió que hubiera conexión entre ETA y el 11-M". El portavoz de Grupo Socialista, Diego López Garrido, añadió: "Es una acusación delirante, inscrita en la patología de la mentira del PP".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, calificó ayer a los eurodiputados socialistas de "buitres carroñeros" por aprovecharse de la "difícil posición" actual de Díaz de Mera y pedirle que renuncie a su acta de parlamentario europeo, informa Europa Press.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió responsabilidades al PP por "elaborar y defender una teoría de la conspiración que hoy se cae como un castillo de naipes". El diputado de ERC Joan Puig, miembro de la comisión parlamentaria que investigó el 11-M, declaró: "Díaz de Mera ha enredado a conciencia con fabulaciones que ya no interesan ni a los lectores de un periódico ni a los oyentes de una radio, empeñados en no asumir que el PP engañó a la ciudadanía entre el 11 y el 14 de marzo de 2004".

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Los 100 de Zapatero

Los 100 de Zapatero (Rosario G. Gómez)

(España)

La entrevista ciudadana a Zapatero.

El instituto de opinión que seleccionó a los entrevistadores de TVE valoró su origen geográfico y su afinidad ideológica

Sólo el 39% de las personas que inauguraron el martes el programa de TVE Tengo una pregunta para usted pudieron lanzarle una a Zapatero. Finalmente, los 22 hombres y 17 mujeres que tomaron la palabra en las casi dos horas de comparecencia formularon 42 preguntas, que abordaron desde el terrorismo hasta el acceso a la vivienda, pasando por la inmigración, la sanidad o los problemas del mundo rural. De los 100 convocados, 61 no pudieron intervenir. Los madrileños fueron los más activos a la hora de hacerse oír, seguidos de catalanes y andaluces. Y tuvo su minuto de gloria un ciudadano de Melilla.

La procedencia territorial fue uno de los criterios básicos que siguió TNS Demoscopia para seleccionar a las 100 personas llamadas a examinar ante las cámaras al jefe del Ejecutivo. "Buscamos que la muestra fuera un reflejo lo más fehaciente posible de la población. Ciudadanos de a pie", explica Lluís Fatjó-Vilas, consejero delegado del instituto de opinión.

El primer paso fue definir estadísticamente el censo para determinar el porcentaje de mujeres y de hombres, edades, profesiones y ámbitos geográficos. "Después buscamos el detalle, teniendo en cuenta también la afinidad política de los candidatos. Las últimas elecciones generales fue la referencia para saber cuánta gente tenía que haber de las diferentes tendencias".

A la hora de calibrar la "afinidad política" se primó a las minorías. Así, 40 de los seleccionados eran cercanos al PSOE y 35, al PP. A larga distancia, IU, ICV, EU (6), CiU (4), ERC (3), PNV, Coalición Canaria, BNG y UPN (2 cada uno). También estaban representadas Chunta Aragonesista, EA y Nafarroa Bai. Incluso los abstencionistas militantes tenían su silla. "Sólo nosotros conocíamos la afinidad ideológica. Es un dato que no hemos facilitado a TVE", asegura Fatjó-Vilas.

Con los criterios definidos, TNS Demoscopia realizó una "selección cualitativa". Los reclutadores profesionales buscaron en sus bases de datos hasta dar con las personas que reunieran los perfiles. "No aceptamos a nadie que se hubiera ofrecido a participar. Y menos a los dirigentes políticos que nos han llamado o a las asociaciones que han exigido estar representadas. Todos han sido descartados. Buscábamos personas de la calle, normales y sin sesgo", aclara. De los 100 participantes, 62 estaban en activo; 14, jubilados; 10 eran estudiantes; nueve, amas de casa y cinco, en paro.

El programa arrasó en audiencia. Un total de 5.834.000 espectadores de media siguieron las dos horas que duró el examen al presidente del Gobierno, lo que representa casi uno de cada tres espectadores (30,3%). El minuto de oro se lo anotó la cadena pública a las 22.41, cuando 7.261.000 personas (34,5% de cuota de pantalla) sintonizaba TVE-1. En ese momento, Víctor Molina, administrativo de Murcia, se interesaba por los problemas de la inmigración. Según los audímetros, más de 16 millones pincharon en algún momento Tengo una pregunta para usted.

Estos datos fueron ayer desmenuzados por el presidente de RTVE, Luis Fernández, durante su comparecencia ante la comisión mixta de control parlamentario. Tras aplaudir el respaldo de la audiencia, dijo que el programa transmitía "autenticidad y credibilidad". Y agregó: "Si alguien piensa que ha podido haber manipulación, que venga Dios y lo vea". Felicitó a Zapatero y a Rajoy por aceptar esta invitación. El líder del PP acudirá, según la última fecha que se baraja, el 19 de abril. Se enfrentará a otros 100 ciudadanos, distintos a los que participaron el martes pasado.

Tal vez el PP exija entonces que en el estudio ondee la bandera española. El diputado popular Juan Carlos Guerra Zunzunegui lamentó ayer el que la enseña no luciera en el plató, mientras que, según dijo, la tricolor de Francia aparecía en el formato de TF-1, que ha sido importado por TVE.

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El tribunal del 11-M multa a Díaz de Mera e insta un proceso contra él por desobediencia

El tribunal del 11-M multa a Díaz de Mera e insta un proceso contra él por desobediencia (José Yoldi, Jorge A. Rodríguez)

(España)

Juicio por el mayor atentado en España 11-M.

Se negó a dar el nombre del policía que le informó de supuestos vínculos de ETA e islamistas.

(Agustín Díaz de Mera junto a Ángel Acebes, ex director de la policía y ex ministro del interior, respectivamente):

El tribunal del 11-M multó ayer con 1.000 euros e instó un proceso penal por desobediencia grave contra el ex director general de la Policía del PP Agustín Díaz de Mera. La decisión de los magistrados se produjo durante la declaración como testigo de Díaz de Mera, que se negó a revelar la identidad de un policía que supuestamente le habría informado de la existencia de un informe -que reconoció que nunca ha visto- sobre las presuntas relaciones entre miembros de ETA e islamistas. El tribunal le informó de que la ley le obligaba a identificar al policía e incluso le ofreció hacerlo reservadamente para proteger su identidad. El presidente llegó a rogarle que no le obligara a imputarlo, pero la negativa fue tan tajante que no hubo vuelta atrás. La resolución del tribunal supone remitir un relato de lo ocurrido al órgano competente para juzgar por desobediencia grave a Díaz de Mera, que al ser eurodiputado es el Tribunal Supremo. El alto tribunal, antes de proceder contra el europarlamentario, deberá obtener la autorización de la Eurocámara, en Estrasburgo, por medio de un suplicatorio.

El que fuera director general de la Policía con el último Gobierno del PP fue interrogado en primer lugar por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que incidió en las líneas de investigación que se siguieron tras los atentados. Díaz de Mera narró cómo en un primer momento le informaron de que lo que había explotado en los trenes era Titadyn con cordón detonante y luego rectificaron señalando que lo que había estallado era dinamita, no Titadyn.

El testigo indicó que las precisiones que ahora son tan importantes no le preocuparon aquellos días porque sus prioridades eran otras, como identificar cadáveres, el miedo a nuevos atentados, las manifestaciones masivas de esos días y las elecciones generales que se iban a celebrar 48 horas después. "No me planteé la enorme trascendencia de la diferencia entre que estallara Titadyn y Goma 2 Eco o sin Eco".

Incluso, a preguntas del fiscal, Díaz de Mera admitió que en las investigaciones de la policía los días 11 y 12 de marzo, al margen del inicial fiasco del Titadyn, no había ningún dato objetivo que apuntara a ETA. El ex director general ofreció como dato nuevo que la policía utilizó el inhibidor de su coche para bloquear algunas llamadas de los islamistas durante la tarde del 3 de abril en el piso de Leganés donde se suicidaron. Sin embargo, los agentes se percataron de que también interfería las comunicaciones de la policía, y al cabo de 15 minutos el inhibidor fue retirado.

Mientras respondió a preguntas del fiscal, mantuvo el respeto a la institución, pero en la primera pregunta del letrado de la Asociación de Ayuda al 11-M, José María de Pablo, decidió hacer política. De Pablo le preguntó por un supuesto informe, encargado por el ex comisario general de Información Telesforo Rubio sobre relaciones entre los grupos islamistas y ETA, y que habría sido ocultado al ser contrario a la versión oficial. De Mera afirmó que ni había visto el informe, ni conocía a los autores, ni su contenido: sólo la generalidad.

Preguntado sobre la persona que le había informado de esos extremos, el europarlamentario se negó a revelar su identidad por tratarse de un policía que podría ser represaliado. El tribunal le dijo que la ley le exigía desvelar la identidad de la fuente. Como éste se negara, el presidente le advirtió de que estaba obligado a multarle y luego a proceder contra él por desobediencia grave a la autoridad. Luego, hizo un receso para que el testigo reflexionase. Tras la reanudación, el diálogo fue el siguiente:

Bermúdez. Se niega a proporcionar el dato, ha dicho, ¿no? Se le impone, entonces, una multa de 1.000 euros.

Díaz de Mera. Señor, que es una situación muy complicada, porque me siento profundamente identificado con el Cuerpo Nacional de Policía de por vida. La fuente es una fuente policial, acreditada y honesta, y no puedo (...) revelar esa fuente. Así es que, comprendo que es una situación complicada, pero aceptaré cualquier decisión que adopte este tribunal.

B. (...) Lo que no puede usted hacer es, por una parte afirmar que la fuente es honesta y fiable, y por otra negarse a darnos la fuente, porque entonces sí que coloca en una situación insostenible el proceso. Yo le ruego que medite. Si hace falta interrumpimos otros diez minutos, otros quince minutos, o lo que haga falta, para que usted medite tranquilamente, consulte con sus seres queridos, con quien usted quiera consultar. Pero tenga en cuenta que la consecuencia de su negativa no es sólo que el tribunal deduzca testimonio para que el órgano que corresponda, porque siendo usted parlamentario europeo es aforado, se investigue, se instruya, en su caso, por un delito de desobediencia grave a la autoridad contra usted (...). El problema es la situación en que coloca este proceso. Este proceso, que es un proceso de por sí complicado. Yo le vuelvo a rogar, dándole las garantías. Mire que le estoy rogando.

D. No, señor.

B. Medite si merece la pena, con las garantías que le está dando el tribunal de estudiar minuciosamente las máximas garantías para la fuente. Si es esa fuente luego resulta de utilidad en algunos efectos, y es o no citada. Porque son cosas distintas que el tribunal conozca la fuente a que luego sea molestada, que sea citada o no sea citada, ya que esa es una decisión que dependerá de las hipótesis del futuro. Pero medite usted, mucho más allá de su postura ética, las consecuencias para los ciudadanos y sobre todo para las partes. Y cuando digo partes me refiero a los afectados por esta causa.

D. Señor, aprecio mucho más de lo que pueda pensar el tribunal las explicaciones que usted acaba de dar. Pero estoy absolutamente persuadido de que la fuente nos está escuchando y de que esto lo están escuchando más policías. Si ellos quieren dar el paso adelante, serán ellos los que lo den. Pero yo, si tengo que optar y tengo que decidir, prefiero que las responsabilidades caigan sobre mí a que caigan sobre la fuente de esta información.

B. ¿No quiere usted consultar con la fuente?

D. Ni siquiera sé si la fuente tienen el teléfono intervenido.

B. Las opciones que deja al tribunal son nulas. El tribunal deducirá testimonio para que se investigue o pida que se instruya un procedimiento por desobediencia grave (...). El señor letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tiene la palabra. Si necesita un tiempo para poder reanudar el interrogatorio, se lo damos.

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Batasuna: Sin referencia expresa a la ley ni al terrorismo

Batasuna: Sin referencia expresa a la ley ni al terrorismo (V. G. C.)

(España)

La estrategia antiterrorista.

Los estatutos de Batasuna, constituida como partido político en abril de 2001, no hacen mención alguna a la Constitución Española ni se manifiestan a favor o en contra de ETA. Se limitan a plantear los requisitos para formar parte del partido -ser mayor de edad y de "nacionalidad española"- y a enumerar las características de sus organismos internos de organización.

Sí queda dicho que Batasuna se crea para "contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional" y que su "vocación" es "el desarrollo y defensa de los valores democráticos y derechos y libertades fundamentales, regidos en los diferentes instrumentos estatales o internacionales actualmente vigentes". También se subraya que el partido "ajustará su organización interna y actuación externa a las formas y procedimientos legales y democráticos, vigentes en el momento de su constitución", aunque no menciona ninguna ley en concreto. El ámbito de actuación es el de los "territorios históricos" de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.

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Los trabajadores de grandes grupos de comunicación apoyan a PRISA

Los trabajadores de grandes grupos de comunicación apoyan a PRISA (El País)

(España)

Distintos comités de empresa critican el boicot decidido por el PP

Las muestras de solidaridad de la profesión periodística con el Grupo PRISA tras el inicio del boicot informativo y económico del PP se sucedieron ayer, un día después de que el partido de Mariano Rajoy comenzara incluso a retirar campañas institucionales de los medios del grupo. Los trabajadores de Vocento y de la editora de El Mundo y el Club Internacional de la Prensa, entre otros, mostraron su rechazo al veto. La Coordinadora de Comités de Empresa del Grupo Vocento (Abc, El Correo, El Diario Vasco, El Comercio, El Diario Montañés, entre otros) calificó de "boicot autoritario" la iniciativa del PP. Los trabajadores de Vocento consideran que el veto del PP "no es únicamente un ataque a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a estar informados, sino también un intento estéril de hacer callar una voz crítica con quienes, en los últimos tiempos, hacen gala de comprender determinadas actitudes del franquismo".

A continuación, hacen referencia a la "peligrosa actitud del PP de cerrar medios de comunicación a través de insidiosos llamamientos a anunciantes y lectores para hacer triunfar su boicot". También los trabajadores de Unedisa (editora de El Mundo) expresaron su solidaridad con toda la plantilla de PRISA (editora de EL PAÍS) y recordaron que ningún partido tiene "derecho a implicar a los medios ni a los periodistas en sus peleas políticas; y, mucho menos, a perjudicar con sus decisiones a los trabajadores por intereses exclusivamente partidistas".

La Junta Directiva del Club Internacional de Prensa, que reúne a informadores de distintas culturas y nacionalidades, también mostró su apoyo con los trabajadores del grupo de comunicación, y solicitó el fin inmediato del "incalificable boicot". El Club Internacional de Prensa recuerda que "en los sistemas democráticos, los medios de comunicación no tienen otros límites que los que establece la Constitución y las leyes penales".

El sindicato UGT de Radiotelevisión de Andalucía emitió un duro comunicado en el que además de señalar que el boicot es un "camino que sólo lleva a la ruptura de las reglas democráticas y a la crispación", subraya que se trata de "una actitud intransigente contra cualquier medio que no se pliegue a su campaña del 'todo vale', por el acoso y derribo del Gobierno de Zapatero". También hicieron llegar su apoyo a los medios de PRISA el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares y las secciones de Comunicación de UGT y CC OO.

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