Creo que los dirigentes de Batasuna no condenarán la violencia" (Ernesto Ekaizer)

(España)

P. El presidente del Gobierno ha dicho que el caso De Juana no forma parte de ningún proceso, y el ministro del Interior también lo subrayó. Se trata de evitar males mayores, provocaciones. El desenlace de la legalización o ilegalización de una fuerza originada en Batasuna, el eventual cierre de puertas, ¿acaso no supone potenciales males mayores?, ¿no va a producir excitación?

R. Nadie cierra las puertas aquí a nadie. Las puertas están abiertas para todos. Es la misma puerta por la que hay que pasar. Hay quien pasa y hay quien no quiere. La puerta de la legalidad está abierta para todos. No hay más que trasponerla. Es un acto voluntario. Nosotros ni añadimos ni quitamos. Desde el punto de vista de la justicia la cosa es muy clara. La puerta de la legalidad democrática está para el que la quiera abrir. Es un acto libre?

P. En materia de legalidad, ¿ya sabe usted lo que ha pasado con el ingreso de un magistrado conservador en la Sala del Tribunal Supremo que decidirá sobre la legalización de la ex Batasuna y a quien no le correspondía estar allí?, ¿cómo se va a reparar la situación? ¿El magistrado que no debió ser destinado a esa Sala, la del 61, [Antonio Salas] será enviado a otra Sala, y la magistrado progresista que debió ir a ella por ley [Encarnación Roca] será designada allí?

R. Pues algo más sé yo, y también mis colaboradores que están trabajando sobre ello. Ha habido cierta confusión, pero vamos sabiendo qué ocurrió. Hay un escrito del secretario general del CGPJ [Celso Rodríguez Padrón] que lo aclara bastante. Allí se pone de relieve que ha habido unas instrucciones del presidente [del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando]. Esas instrucciones se han traducido en que las cosas han salido bastante raras. Quiero dejar claro que no puedo ni quiero hablar de malas intenciones o de manipulación. No. Aclarado por delante esto, sí quiero decir que algo se ha hecho mal. Algo se ha tenido que hacer mal porque el resultado es obvio. Los servicios jurídicos están analizando la situación. Desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, no nos podemos permitir el lujo de que la Sala del 61 esté bajo sospecha. De ninguna manera. Por tanto, si se confirma que algo se ha hecho mal y que el resultado es que no está allí quien debe estar, hay que rectificarlo. Los servicios jurídicos están viendo qué se puede hacer, que parte nos puede tocar a nosotros para que eso se rectifique.

P. El que no debía ir a esa Sala tiene que dejar el lugar a quien debía, en legalidad, ocupar ese sitio, ¿cuál es el problema?

R. Esto no se arregla haciendo la segunda parte. Parece que el problema está en la decisión que se adoptó anteriormente, en la última ocasión en que hubo cuatro magistrados en la Sala de lo Civil y que acabó yendo a la Sala del 61 el que no correspondía. Esto es lo que hay que intentar analizar. Y si se confirmara que no fue aquel al que le correspondía ir, repito, hay que rectificarlo. Porque el escenario de una Sala del 61 baja sospecha de mala constitución no es el escenario en el que debe trabajar la justicia.

P. El tiempo vuela, ¿cuándo se va rectificar caso de que se trata de un error?

R. Es una decisión que se tomó hace dos años. Los plazos en derecho son relevantes. Por eso estamos viendo qué se puede hacer. Hay que establecer si está mal y si es subsanable.

P. ¿Cuándo tomó conocimiento usted de esta situación?

R. Un grupo de vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se había preocupado a través de un escrito al Pleno en el que mencionaban una noticia, filtrada al parecer por parte de la mayoría conservadora, en sentido contrario. Les estaban acusando a los progresistas de una presunta manipulación por la cual en la última hornada fuera un magistrado progresista al Consejo. Ellos se quejaron. Y se empezó a ver que el criterio que se aplicaba ahora no es el que se utilizaba anteriormente. Cuando se indaga se empiezan a saber cosas. Pareció al principio que era un error puramente mecánico de los órganos técnicos; más tarde se creyó que era un error en el envío de los decretos, y ahora, a la luz del escrito del secretario general del CGPJ las cosas están más claras. Hay órdenes del presidente del CGPJ. Otra cuestión, insisto, es que aquí nadie prejuzga intenciones sino análisis para ver si algo que se ha hecho mal y si es así cómo subsanarlo.

P. ¿Esto no nos lleva, acaso, a un problema con el que se ha enfrentado el llamado proceso de paz desde sus comienzos? A saber: ¿cómo lanzarse en un mundo judicial donde sobrevive el poder de la derecha en las instituciones?

R. Cuando ese proceso comenzó, no estaba yo aquí, pero tengo razones para afirmar que el Gobierno, este Gobierno, no podía dudarlo. Se daban unas condiciones que permitían vislumbrar una posibilidad de andar ese camino y todo Gobierno tiene la obligación de hacerlo. No se puede decir “no” por unas razones que también hay que matizar. Es verdad que el paisaje de una justicia después de una época de mayoría absoluta está ahí, pero?

P. Fue una de sus reflexiones en voz alta nada llegar a este despacho.

R. Sí, pero distingamos entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la justicia. El Consejo es una cosa, un órgano político-administrativo de gobierno de los jueces, con unas reglas de juego de carácter político, y la justicia es otra cosa. Es cierto que después de ocho años de gobierno de la derecha, la última mitad con mayoría absoluta, hay rastros en puntos clave de la justicia, pero no lo es menos que existe un depósito de confianza en la justicia? Hay rastros procedentes de un Gobierno de la derecha, me parecen obvios, pero existe suficiente grado de credibilidad en la justicia como para que no fuera considerada un obstáculo. Nunca me lo hubiese planteado como impedimento, en absoluto. Creo que hay mucha responsabilidad en la justicia, un altísimo grado de responsabilidad, y si algunas veces se detectan algún otro tipo de cosas pienso que el problema no está ahí. Y lo que acabamos de ver en la Sala del 61 nos sitúa, precisamente, en el CGPJ, no en la jurisdicción. Insisto en que alguien ha tomado una decisión y no quiero hablar de intenciones que ha producido un resultado anómalo. Habrá que rectificarlo, pero estamos hablando de un ámbito que no es la jurisdicción, sino de quienes gobiernan la jurisdicción. El problema durante el proceso de paz, entiendo, no ha sido la justicia, la jurisdicción. A mí me parece que la clave de lo que ha ocurrido es otra, muy distinta.

P. ¿Cuál es esa clave?

R. Es lo que ha ocurrido con el núcleo duro de dirigentes del pasado que perdieron las elecciones el 14 de marzo de 2004 y que no han aceptado la derrota. Y que no se resignan a tenerse que ir. Si hubiesen sido dirigentes responsables que uno presume en ellos de cara a su partido, se hubieran ido? Se pierden unas elecciones como se perdieron y lo lógico es que se marcharan.

P. O corregido el rumbo?

R. Siempre que tengas la capacidad para corregirlo. Pero el problema es que se quedan para transmitir su frustración al partido. Tenemos un gran partido, el Partido Popular, que tiene capacidad para gobernar este país y que lo hará en algún momento, espero yo que muy tarde, pero ese partido está ahora mismo dirigido por un grupo de frustrados, de gente que ha sufrido una enorme frustración. Esta descripción no tiene un átomo de sentido peyorativo o acritud. Se pierden unas elecciones en las que hay unas expectativas de ganarlas. Se pierden porque se han cometido errores gravísimos. No nos confundamos: hay un enfrentamiento con la mayoría de los españoles a raíz del apoyo del Gobierno del Partido Popular a la guerra de Irak. Hay un atentado por parte de un grupo terrorista internacional y hay una gestión pésima de esa crisis que hemos visto adónde condujo. En este marco, hay un grupo de personas que se derrumban, se caen, y que no son capaces de superar el trauma de frustración. No sólo eso: se lo transmiten a la estructura del partido y la convierten en su estrategia. Y se lanzan por un camino enloquecido, en una escalada de confusión, de crispación, animando un ataque brutal contra las instituciones. Aquí está el problema. Volvamos ahora a la pregunta planteada: un Gobierno advierte una posibilidad de éxito en el gran problema que ha tenido este país durante los últimos cuarenta años, está, pues, obligado a explorarla, y no creo que ni éste ni ningún Gobierno haya tenido la idea de que en el horizonte la justicia podía ser un obstáculo. No, la justicia no. Por eso: distingamos entre lo que es el gobierno de los jueces, el CGPJ, con la importancia que pueda tener en este momento, que entiendo como muy coyuntural, y la justicia. La justicia no hubiera sido obstáculo. El gran obstáculo es la estrategia de acoso y derribo y de tierra quemada del Partido Popular. Mejor dicho: de quienes lo dirigen ahora.

P. Dice que no hubiera, pero si se recopilan las decisiones judiciales desde antes del verano de 2006, el cuadro que sale al menos plantea dudas razonables.

R. Yo no lo veo así. Lo que no se puede pedir es que, en tan corto espacio de tiempo, de repente haya cambiado tanto la etapa histórica para que los tribunales hayan de cambiar su lógica. No, no. No pidamos a los tribunales que actúen con lógica política. Los tribunales deben actuar dentro de la lógica de la justicia. Siguen vigentes las mismas leyes y están enjuiciando actos anteriores a esta etapa. Ellos deben seguir aplicando la ley y los políticos dedicarse a construir la paz. Lo que falló no fue la justicia. El Gobierno anduvo ese camino sin preocupación por el lado judicial. Es que el problema no venía de este lado, sino del principal partido de la oposición que decide romper el pacto antiterrorista y hacer de la política antiterrorista su único tema de debate.

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